El Gobierno provincial aprobó la asignación de un fondo por $80 millones para gastos operativos, infraestructura, obras necesarias y equipamiento del Instituto del Cannabis de Corrientes, la sociedad del Estado provincial para la producción en investigación del cannabis medicinal.
El objetivo de la medida tiene por objeto la producción, distribución y comercialización. Además de la investigación científica aplicada a la producción y uso medicinal de la especie vegetal y la actividad complementaria y específica que se relaciona con las actividades.
La autorización se puede dar por intermedio de terceros o asociada a terceros, cultivar, producir, industrializar y comercializar cannabis con fines científicos, medicinales y/o terapéuticos.
Si bien la sociedad estatal está operativa desde marzo de 2021, ahora el Ejecutivo provincial hizo una inyección de 80 millones de pesos para gastos operativos, Infraestructura, obras necesarias y equipamientos, según se indica en el Decreto Nº 350 firmado por el gobernador Gustavo Valdés.
Los recursos fueron pedidos por el ministro de Producción, Claudio Anselmo, en su carácter de presidente de la Sociedad del Estado para la Producción, Fomento e Investigación de Cannabis Medicinal de la Provincia de Corrientes (Seprofi).
Cabe recordar que el Instituto del Cannabis mantiene una relación directa con el Poder Ejecutivo para su desenvolvimiento ya que es una sociedad de aporte societario 100% estatal.
La institución estará presidida por un directorio integrado por un presidente y dos directores, tendrá a su cargo la adquisición, elaboración, fabricación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, importación y exportación de semillas, plantas, abonos, material vegetal, material fitosanitario, fertilizantes y demás recursos.
La planta de Cannabis se utiliza desde hace siglos en distintas culturas alrededor del mundo para diferentes fines, entre ellos, el medicinal. La investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados tiene oficialmente solo cuatro años en la Argentina, desde la sanción de la Ley nacional 27.350.
“La ley de cannabis medicinal”, nombre que recibe la norma sancionada en 2017, es el marco legal imprescindible para el estudio de cannabis spp. bajo estándares de calidad y control, a través de la investigación científica y estudios agronómicos. Organismos de ciencia y técnica, como el Inta (perteneciente al Ministerio de Agricultura de la Nación), trabajan para la obtención de materiales vegetales, desarrollo de técnicas de manejo y metodologías específicas para la producción de la planta de cannabis y sus derivados, como el aceite medicinal entre otros.
“Hoy, el Inta cuenta con la capacidad para iniciar diferentes actividades de investigación, desarrollo e innovación en lo referido a la producción de cannabis y sus derivados”, afirmó en agosto, Silvina Lewis, directora del Instituto de Recursos Biológicos (IRB) del Centro de Investigaciones y Recursos Naturales (Cirn) del Inta y responsable titular ante el Consejo Consultivo Honorario (CCH) de la Ley 27.350 por Inta.
La reglamentación de la ley nacional, a través del decreto 738/2017, autorizó al Inta y al Conicet al cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica, así como para producir la sustancia para abastecer el programa de cannabis del Ministerio de Salud de la Nación.
El nuevo decreto reglamentario (883/2020) permite además solicitar autorización para cultivar a pacientes que requieran el uso de cannabis con fines medicinales y/o terapéuticos a través de la inscripción en el Registro del Programa de Cannabis –Reprocann– bajo el control del Ministerio de Salud de la Nación. Pueden inscribirse personas o entidades que necesiten cultivar para sí mismas o para un tercero y para profesionales de la salud que necesiten certificar a sus pacientes.
Con recursos para proveer germoplasma en un futuro cercano e iniciar el desarrollo de variedades, registrarlas y obtener la experiencia en la producción de cannabis medicinal, el Inta avanza hacia “la generación de nuevas capacidades para emprender, en un futuro, la producción e investigación en cáñamo industrial”, dijo Lewis en 2021.
La ley habilitó la introducción de esta especie dentro de “las investigaciones de los organismos públicos de ciencia y técnica”, destacó Carla Arizio, investigadora del Instituto de Recursos Biológicos, quien junto con Lewis representan al Inta en el CCH.
Fuente: El Litoral Autor: portalcorrientes.com.ar
