Una escribana, dos abogados, una agrimensora y una empleada pública continúan detenidos acusados de formar parte de una banda delictiva dedicada a falsificar instrumentos públicos y a la compra y venta de inmuebles de manera irregular y concretar así una mega estafa.
La causa es investigada por el Juzgado de Instrucción N° 3 a cargo de la dra. María Josefina González Cabañas, quien hasta el momento no ha revelado los elementos probatorios secuestrados y por los cuales permanece imputado el grupo de profesionales.
Según pudo conocer El Litoral, se realizaron las presentaciones de pedido de excarcelaciones para los acusados que se deberán resolver en las próximas horas. En tanto, la falsa escribana identificada como Teresa Vázquez permanece prófuga de la Justicia. Su situación legal es diferente al resto de los detenidos, ya que los investigadores, la consideran líder de la organización que operaba en Corrientes.
En la requisa a su casa se encontró gran cantidad de documentación adulterada como boletos de compra y venta, planos, escrituras, y casi 250 documentos nacionales de identidad.
La mujer debió ser detenida el pasado jueves en el allanamiento a su casa, pero no fue hallada en su domicilio de la localidad de Santa Ana. Por el momento continúa prófuga de la Justicia y si no se presenta esta semana en el Juzgado, se librará una orden de captura.
Por otra parte, el abogado Javier Irazusta, que representa a Gladys Báez, la escribana detenida, precisó que realizó un pedido de informes al Juzgado para que, desde la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble, se brinde detalles del incendio que se produjo en una de sus oficinas con el fin de que se pueda conocer si se produjeron daños en algunas documentaciones de interés en la causa.
De acuerdo a la investigación, la banda delictiva buscaba inmuebles de personas fallecidas, armaban una prescripción veinteañal con terceros, mensuraban el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la avenida 3 de abril y Mendoza, lo cambiaban a dominante para poder escriturar la propiedad robada. Para eso, les falseaban la mensura a agrimensores.
El negocio no es solamente el loteo San Blas de la Ruta Provincial Nº 43, a 2 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 12, que es el centro del conflicto.
También se escrituraron y vendieron muchos terrenos baldíos, como casas sin habitantes. Identificaban si se encontraban abandonados, y verificaban a quiénes les pertenecían, precisaron fuentes judiciales.
Si se determinaba que los dueños estaban muertos, confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, la que no lo habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde, y así poder escriturar el inmueble.
Ese rótulo truchado, era aprobado por la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble.
En agosto del año pasado el área de Asesoría Legal de esta Dirección advirtió las irregularidades en los expedientes que llamativamente tramitaban siempre las mismas personas que hoy permanecen detenidas.
Fuente: El Litoral Autor: portalcorrientes.com.ar
