Obligatorio: escuelas deberán capacitarse en autismo tras una resolución judicial

La Justicia ordenó garantizar la continuidad escolar de un niño con autismo y exigió capacitación docente.

Un reciente fallo judicial volvió a poner en debate la inclusión educativa en Argentina. La Justicia resolvió a favor de Rodrigo Rey, un niño con autismo cuya permanencia en su escuela había sido puesta en riesgo. La sentencia ordena garantizar su continuidad escolar en la institución donde ya cursaba y establece obligaciones concretas para el colegio.

Según explicó la abogada de la familia, Carla Junqueira, la resolución remarca que “los niños tienen derecho a ser escolarizados en esta escuela hasta el final de su escolaridad”, reafirmando el principio de trayectoria escolar continua previsto en la normativa nacional. Pero el fallo va más allá del caso particular. La Justicia determinó que la institución debe capacitarse específicamente en neurodivergencia y autismo, una demanda que distintos colectivos familiares vienen planteando desde hace años.

El objetivo es asegurar que el equipo docente cuente con herramientas para acompañar la experiencia educativa de estudiantes con necesidades diversas, evitando prácticas discriminatorias o expulsivas.

Junqueira señaló que esta obligación se fundamenta en leyes vigentes, como la Ley de Educación Nacional, la Ley 27.043 de abordaje integral del TEA y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya establecen claramente el derecho a una educación inclusiva.

Si bien la sentencia se aplica al caso concreto, sienta un precedente relevante y vuelve a subrayar que las escuelas —públicas y privadas— deben garantizar condiciones reales de inclusión. Esto implica no solo permitir el acceso, sino adecuar prácticas, capacitarse y sostener la continuidad escolar sin condicionamientos.

El fallo reaviva un debate central: el rol de las instituciones en la construcción de entornos educativos accesibles, preparados y respetuosos de la diversidad. Para las familias de niños y niñas con autismo, la decisión representa un paso más hacia el pleno cumplimiento de los derechos que la ley ya reconoce, pero que en la práctica todavía enfrentan obstáculos.