Inmediatamente después de que el presidente Javier Milei anunciara a través de su plataforma social predilecta que en 2025 continuará con la motosierra, los diez gobernadores ex Juntos por el Cambio, entre ellos Gustavo Valdés, difundieron un comunicado por el que reclamaron que el Gobierno Nacional avance con el tratamiento del Presupuesto Nacional 2025.
La tensión por la discusión del Presupuesto Nacional no cede. Desde la Casa Rosada ayer se deslizó nuevamente que analizan convocar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, en un principio aún no estaba la llamada «ley de leyes» incluida en un eventual temario. Aunque, en el transcurso de la noche algunos funcionarios dejaron trascender a medios nacionales que es un tema que evalúan seriamente incorporar en la agenda, mientras que en paralelo se reanudaban las conversaciones con los titulares de los ejecutivos provinciales.
La tirantez sucede porque el Gobierno busca sancionar un proyecto sin modificaciones para no quebrar con el objetivo de equilibrio fiscal y sostienen que «no hay dónde más ajustar». Mientras que los mandatarios nacionales señalan que no pueden volver a ser variable de la motosierra y demandan lo que se les adeuda por normativas.
Hasta el inicio de esta semana, el integrante de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, el correntino Jorge Antonio Romero, había expresado a época que «no habría interés en discutir el proyecto». Mientras tanto, Unión por la Patria buscaba sesionar para poner límites al DNU 846 que da potestad a Luis «Toto» Caputo de flexibilizar las negociaciones por la deuda externa pública. Esto implica que el titular de la cartera económica podría viabilizar un nuevo crédito ante organismos internacionales como el FMI, con el viento a favor de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
Sin embargo, la sesión que impulsó el peronismo opositor al Gobierno para bajar el DNU no prosperó. Algunas lecturas que trascendieron es que los gobernadores ex Juntos por el Cambio habrían contribuido a este escenario, mientras que, en paralelo, desde el PRO se impulsa el proyecto de Ficha Limpia, para muchos, orientado en contra de la recientemente proclamada presidente del PJ nacional, Cristina Kirchner, quien se reunió con dirigentes del PJ Corrientes y se la espera en la provincia para marzo, período próximo a las elecciones internas. (Ver página 8).
Discrecionalidad
El reclamo por el Presupuesto es un tema que urge a las provincias, ya que de no sancionarse la ley, las partidas se diluirían en más del 300%, ajustado por inflación, de ejecutarse una segunda prórroga. Además, en pleno año electoral, Javier Milei contaría con la discrecionalidad de los fondos, una práctica fuertemente cuestionada a las administraciones nacionales anteriores.
«Los argentinos no quieren regresar al pasado», señala el documento de tres páginas al que suscriben el correntino Gustavo Valdés, sus pares Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.
Los líderes territoriales del PRO y de la UCR sostienen en el comunicado dirigido al Presidente que la sanción del Presupuesto 2025 es primordial para «consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores». Principalmente, cuestionan las asimetrías en la distribución de recursos. «No pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley», aseveraron.
Los gobernadores exigen la compensación adecuada del Consenso Fiscal, el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas, y una redistribución más clara de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles. Los mandatarios sostienen que este esfuerzo demanda el 0,3% del PBI y son «compensables». El Gobierno Nacional, por su parte, indican que se requerirá de una inversión cercana a los 4.000 millones de dólares.
A diferencia del reclamo que le realiza la Casa Rosada a los gobernadores, los líderes provinciales resaltan han hecho un «fuerte ajuste fiscal» en sus distritos. «Esta es una batalla cultural que dimos y damos entre todos y que merece ser destacada, ya que no hay antecedentes en la historia reciente en que el Gobierno Nacional y gran parte de los gobiernos provinciales avanzan en la misma dirección por convicción», manifestaron los titulares del Ejecutivo Provincial.
Los puntos
Entre los puntos que mencionan los Gobernadores en el petitorio se encuentran el pago de la Compensación del Consenso Fiscal. Desde el primer trimestre del 2023 y durante todo el 2024, el gobierno nacional ha actualizado las transferencias de la compensación en un porcentaje inferior al determinado por ley, generando una deuda para las jurisdicciones beneficiarias que se incrementa mes a mes, según informan las Provincias.
El segundo punto son las Cajas de Jubilaciones no transferidas. Las provincias que conservan sus cajas previsionales aportan recursos a la ANSES, pero el Gobierno Nacional ha incumplido con la normativa que lo obliga a financiar las cajas deficitarias. Esto genera una situación de inequidad fiscal.
Otro pedido es que el Impuesto a los Combustibles Líquidos se derive a las provincias. El Gobierno Nacional recauda un impuesto coparticipable que tiene una serie de asignaciones específicas para destinos que han sido discontinuados (subsidios al transporte urbano) o cuya ejecución es poco clara. En este marco, dichas asignaciones específicas deberían eliminarse para que se ejecuten en obras prioritarias de infraestructura o en subsidios provinciales al transporte público de pasajeros.
También reclaman el reparto reducción del aporte de la coparticipación a la AFIP. Con la eliminación de los cargos jerárquicos de la AFIP, «solicitamos al gobierno nacional que se reduzca el aporte que realizan las provincias con sus recursos a los salarios y financiamiento de esa mega estructura ahora disuelta. Salvo a las provincias que no hayan convenido tal deducción o cuenten con fallo favorable», expresan los Gobernadores.
