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Este fin de semana comenzó a regir el nuevo sistema de Justicia Penal Juvenil en la provincia, a partir de la implementación del fuero penal juvenil creado por la Ley N.º 6736. En este marco, el Ministerio Público Fiscal dispuso la creación de un área específica para garantizar un abordaje especializado y con enfoque de derechos.
La entrada en vigencia del nuevo régimen representa un cambio en la manera en que la Justicia de Corrientes aborda los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, tanto cuando son señalados como responsables de un delito como cuando resultan víctimas.
En este contexto, el fiscal general del Poder Judicial, César Sotelo, dictó la Resolución N.º 38 mediante la cual creó el Área de Niñez y Adolescencia, que funcionará dentro de la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC).Según se establece en la resolución, el objetivo es que los procesos y las decisiones judiciales que involucren a este sector de la población sean interpretados y aplicados teniendo como eje el principio del “interés superior del niño”.
Un abordaje que busca ir más allá de lo represivo
La creación del nuevo espacio responde a la necesidad de que la aplicación del fuero penal juvenil tenga un carácter tutelar, educativo y socioeducativo, y no se limite exclusivamente a una respuesta represiva frente a la comisión de un delito. El Área de Niñez y Adolescencia tendrá entre sus funciones intervenir para garantizar los derechos de los adolescentes que sean considerados infractores, pero también de quienes tengan la condición de víctimas de un delito, ya sea de manera primaria o secundaria, y de aquellos que pudieran resultar damnificados.
La medida apunta, además, a que estos casos sean abordados desde una perspectiva interdisciplinaria, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada adolescente y procurando favorecer su integración a la comunidad.
Protección integral y garantías
Para fundamentar la creación de esta nueva área, el Ministerio Público Fiscal tomó como referencia distintos estándares internacionales relacionados con la Justicia Juvenil, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Reglas de Tokio y las Directrices de Riad. Estos instrumentos coinciden en la necesidad de reconocer a los adolescentes como sujetos plenos de derechos, otorgándoles garantías procesales especiales y promoviendo respuestas que contemplen no solamente el hecho cometido, sino también su situación y las posibilidades de reinserción social. De esta manera, con la entrada en vigencia del nuevo régimen, Corrientes inicia una nueva etapa en materia de Justicia Penal Juvenil, con un sistema especializado que busca equilibrar la responsabilidad frente a los delitos con la protección integral de los derechos de los adolescentes.
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